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| Joan Miró |
Se propone en esta Proposición la redacción de una “ley de
disposición y soberanía sobre la propia vida que garantice la libre autonomía
personal y, a su vez, la protección de los colectivos más vulnerables”. Esa
ley, nos dicen, debería contener: “Una definición
clara de los conceptos. Las condiciones que deben darse para llevar a cabo la
eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Las características que debe
tener el paciente. Los requisitos que debe cumplir el personal sanitario en la
toma de decisiones y en la actuación. Y la composición, las tareas y las
competencias de los órganos de supervisión y control.” Como modelo proponen la
ley holandesa de 2001. Mencionan más lugares donde se ha aprobado una legislación
similar: Suiza, Luxemburgo, Estado de Oregón (EUA), Estado de Washington
(EUA), Estado de Vermont (EUA), Quebec, Estados de Montana y de California
(EUA), Colombia y Canadá.
No
es la primera vez que se intenta debatir el tema de la eutanasia en el
Congreso. Los expertos en lógica parlamentaria temen que este debate se diluya
en el tiempo y no llegue a ninguna parte. Por lo visto, hay muchas estrategias
reglamentarias que permiten estancar un debate o hacerlo desaparecer. Y es una
pena, porque es un tema de interés general. La necesidad de legislar sobre este
asunto es evidente. En la Proposición se menciona la última encuesta realizada por The Economist en quince países en junio de
2015. En España un 78 % se muestra a
favor de legalizar la eutanasia, solamente un 7 % en contra y un 12 % NS/NC.
No veo ninguna razón ética para
rechazar la eutanasia voluntaria, el suicidio asistido. Despenalizar la
eutanasia supondría ofrecer una herramienta para vivir con dignidad los últimos
momentos. Así pues, tiene que ver con la vida, claro que sí. Y nadie estaría
obligado a utilizarla. Bien regulada, no perjudica a nadie. Disfrutar de ese
derecho no conlleva ningún daño para otros ciudadanos. Es un desarrollo de la
libertad individual, de la autonomía personal. Lo que es inconcebible es que
uno no pueda vivir con dignidad hasta el final. Nadie debería poder obligarnos
a vivir si ya no lo deseamos. Hasta ahora se ha tratado a los pacientes como
niños, como si de golpe perdieran el control de sus existencias. La decisión de
recurrir al suicidio asistido es nuestra, no del Estado. Las instituciones
sanitarias y jurídicas solo serían un medio, un instrumento, un marco de
posibilidades. La decisión autónoma y consciente la toma la persona, en el momento
o mediante testamento vital. Ella sería la única responsable moral de elegir su
final. La muerte es parte de la vida, suele decirse. Habría que añadir que es
parte de mi vida.
Si el debate parlamentario
se lleva a cabo como es debido, debería ser largo y pausado. Y los ciudadanos
deberíamos participar de algún modo en esas discusiones. Aunque existen
comisiones de bioética que asesoran a las instituciones, como el Comité
Consultivo de Bioética de Cataluña, no vendría mal una participación directa de
la ciudadanía. Los partidos políticos, nuestros representantes, mantienen
posiciones ideológicas sobre este tema. Sin embargo, la disciplina de partido
en cuestiones éticas paraliza el verdadero diálogo. Ha ocurrido con otros
debates similares. Un referéndum no sería mala idea, al menos hablaríamos.